El año 2017, con los refichajes electrónicos, se disfrazó la representatividad de los partidos políticos tomando un carácter ilegal e ilegitimo en su origen. Al haber dineros fiscales involucrados no es posible que esa «rendición de cuentas» cumpla los estándares mínimos, rompiendo cualquier intento de generar confianzas. Con esto se rompieron las bases fundamentales de cualquier intento de democracia «sana». En ese sentido, los partidos políticos tradicionales, sin legitimidad de origen ni de ejercicio, sin generar confianzas y con casi nula representatividad reprodujeron las condiciones estructurales del sistema político previo al estallido social, y durante el año 2020 y 2021 la siguen perpetuando, llenando el proceso constituyente con un manto de ilegitimidad y de violación del precepto original en que «la soberanía reside en la nación y ningún grupo puede atribuirse su ejercicio”.

La democracia chilena pasa por un momento crítico debido a que sus bases se encuentran debilitadas y deslegitimadas, ¿qué razones podrían explicar esta situación? Una breve opinión en las siguientes líneas.

El primer precepto esencial de nuestra democracia es que “La soberanía reside esencialmente en la Nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas”, es decir, la soberanía inicialmente radicada en que todo el pueblo envía (en teoría) un mandato popular a sus representantes a través de las elecciones y plebiscitos. Además “ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”, lo cual apunta directamente a que quienes ejercen el poder con cargos públicos y de votación popular tienen que representar al poder soberano, bajo un mandato, es decir, bajo un conjunto de demandas a cumplir por las cuales un candidato es válidamente escogido.

La legalidad, legitimidad y confianza

La representatividad de quienes ejercen el poder tiene que tener una legalidad, en el sentido que debe ser ejecutada bajo el pleno respeto de las reglas del juego, pero también de confianza y legitimidad, los cuales son cualidades esencialmente perceptibles.

La confianza y la legitimidad son características muy ligadas, aunque diferentes. Por un lado, la confianza se logra obtener a través de las periódicas “cuentas públicas” que pueden ser formales o informales, también la legitimidad debe ser tanto de origen como de ejercicio.

La legitimidad de origen da cuenta de la forma y mecanismos bajo los cuales los representantes han llegado al poder, mientras que la legitimidad de ejercicio habla de cómo estos representantes se mantienen en el poder.

El refichaje ilegítimo del año 2017

La democracia chilena está basada en partidos políticos y bien vale mencionarlo, porque es un error pensar que es la única estructura posible de un sistema democrático. Estos partidos políticos han ido perdiendo representatividad al menos desde el 2006, las encuestas así lo respaldan, situándose hoy incluso con niveles de aprobación por debajo de Piñera y del Congreso, conformando una estructura política incapaz de procesar demandas durante al menos una década, a tal punto que todo estalló ese 18 de octubre de 2019.

La legitimidad de origen de la mayoría de los actuales partidos políticos está manchada por el proceso burdo de refichajes electrónicos del año 2017, luego de que producto de la Comisión Engel se haya mandatado a todos los partidos a refichar a sus militantes para comenzar una nueva etapa de saneamiento de la política, luego de la fase escandalosa de aportes privados fraudulentos ya conocida. Al cabo de un año, muchas de estas entidades no alcanzaban a cumplir con el requisito mínimo de militantes para conformarse como partido político, en ese momento Servel acudió a “simplificar” el trámite y de paso legalizar el estado de los partidos políticos para financiarlos con dineros públicos. Esta simplificación terminó con el envío de fotocopias de carnet vía correo electrónico, sin las claves únicas que hoy se piden a los independientes.

El resultado de este proceso generó que se disfrazara la representatividad de los partidos políticos, quienes no podían acreditarla como lo estipulaba la ley, por lo tanto desde ese entonces toman un carácter ilegal e ilegitimo en su origen. Por otro lado, al haber dineros fiscales involucrados que son proporcionales al número de militantes no es posible que esa «rendición de cuentas» cumpla los estándares mínimos, por lo cual se rompe cualquier intento de generar confianzas. En resumen, con estos hechos se rompieron las bases fundamentales de cualquier intento de democracia «sana».

 

El Acuerdo por la Paz

La incapacidad del sistema político de procesar las demandas ciudadanas, la falta de representatividad, de confianza y legitimidad de origen de quienes manejan el sistema político (los partidos políticos) dieron como resultado los ingredientes principales del estallido social, donde literalmente las demandas no procesadas por años reventaron en la cara ante una política inútil.

Contrario a lo que se debía hacer, este mismo sistema político ilegítimo, no representativo e inundado en millonarios dineros fiscales a través del Servel, propuso una solución de salida con el plebiscito para una Nueva Constitución, lo cual no calmó las calles y no ofreció tampoco ninguna solución de corto plazo: el paciente siguió enfermo y sólo fue informado de la fecha de su próxima operación.

El acuerdo por la paz vino a estamparse en la ley 21.200 que establece que la estructura política de listas, sistema de elección y estructura de financiamiento y metodología de espacio para campañas será la misma que se utiliza en elecciones pasadas de diputados. Con ello se asegura y privilegia a los sectores que nunca procesaron las demandas sociales y que forman parte de esta estructura: los partidos políticos, en circunstancias que el estallido social no arrojó ninguna de sus banderas en la calle.

La ley presentó mejoras de maquillaje durante el 2020, con la paridad de género e inclusión de pueblos indígenas, pero el mecanismo y estructura electoral, económica y política se mantuvo.

Condiciones electorales de partidos políticos versus independientes

En diciembre pasado, Servel dio un mes a los independientes para juntar firmas y asociarse en listas, y tan sólo un poco más de dos semanas para hacerlo por clave única en contexto de pandemia y cuarentenas, en el caso de los representantes indígenas la lista de candidatos para patronicios sólo estuvo disponible en la página del SERVEL la última semana de cierre de inscripciones, previo al 11 de enero. Si no fuera poco, el mismo 11 de enero el SERVEL les dio 3 días más de plazo a los partidos políticos para regularizar situaciones “administrativas”.

Ya durante la semana pasada SERVEL dio a conocer tanto los recursos económicos como el minutaje para la franja electoral televisiva. Cerca de 10 mil millones de pesos serán destinados a los partidos políticos y tan sólo cerca de un millón doscientos a todos los independientes, y en cuanto al minutaje de la franja electoral televisiva, sólo un segundo a repartir para los independientes lo cual en la práctica es cero.

SERVEL como operador político

Como se mencionó antes, la página del SERVEL sólo dispuso el patrocinio por clave única un poco antes de dos semanas del cierre del plazo inscripción de un mes, que les fue otorgado a los candidatos independientes, mientras que para los pueblos indígenas no estuvo disponible más de 5 días, violando la ley, esto es porque vulnera el espíritu de igualdad de condiciones de todos los candidatos a competir.

Por otro lado, hasta el día de hoy y a casi un mes y medio de la fecha de las elecciones del 11 de abril, SERVEL no tiene disponible la lista actualizada y total de los candidatos a los diferentes cargos a disputarse. No existe la facilidad de acceso, dentro de una web con información confusa y de difícil búsqueda para un chileno normal y no necesariamente familiarizado en la interna de estos procesos, incluso presentando una publicación del diario oficial incompleta y desactualizada.

En resumidas cuentas, los partidos políticos sin legitimidad de origen ni de ejercicio, sin generar confianzas y con casi nula representatividad, reprodujeron las condiciones estructurales de las dinámicas en que operaba la clase política previa al estallido social, y durante el año 2020 y este 2021 no hacen más que perpetuarla, llenando el proceso constituyente con un manto de ilegitimidad y de violación del precepto original en que a soberanía reside en la nación y ningún grupo puede atribuirse su ejercicio”.

En todo este tiempo, SERVEL ha sido comparsa y ha funcionado como un diáfano operador político protegiendo directamente los intereses partidistas y dificultando al acceso claro y nítido de la información a la población, el cual es su rol como ente público. En ese sentido hay que mencionar claramente que las personas que conforman el consejo directivo del SERVEL, que de pasada no cumple cuota de género, son el señor Patricio Santamaría (ex DC), José Miguel Bulnes (Socio de VOLCOM y de Piñera Morel), Juanita Gana Quiroz (ex subsecretaria de telecomunicaciones de Eduardo Frei), Alfredo Joignant (ex PS) y Andrés Tagle Domínguez quien ha gerenciado en AFPs, Isapres y Compañías de Seguros, entre otros.

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