Contraloría emitió un informe de investigación especial que verificó el corte ilegal de al menos 51 araucarias por parte de Conaf al interior del Parque Nacional Nahuelbuta. Según indicó el organismo Conaf instruyó una investigación interna que dio término al contrato del administrador del Parque Nacional Nahuelbuta y de los encargados de las brigadas forestales involucradas. El organismo, igualmente, remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

En un informe emitido por Contraloría el pasado 25 de febrero del 2021, se verificó que con fecha 9 y 10 de enero de 2020, personal de la brigada 9010 y de la brigada motorizada BM 92 de la CONAF Región de La Araucanía, procedieron sin la supervisión directa del administrador del Parque Nacional Nahuelbuta (como lo establece la ley), a habilitar un camino sin uso existente en el interior de dicho terreno, que presentaba una serie de árboles y escombros en su trazado, con el fin de generar un área de cortafuegos en caso de incendio forestal, efectuando para ello el corte, tala y descepado de al menos 51 especies de Araucarias Araucanas de distintas edades y tamaños, intervenidas con la utilización de motosierras y otros equipos forestales, actividades que vulneraron la normativa que protege ese árbol en razón a que no contempló autorización alguna para tal intervención.

En ese contexto, se advirtió que CONAF instruyó una investigación interna de la cual resultó el término del contrato del administrador del Parque Nacional
Nahuelbuta y de los encargados de las citadas brigadas forestales. Asimismo, se constató que dicha corporación presentó una denuncia por la tala de que se trata, la cual fue ingresada el día 6 de marzo de 2020, ante el Juzgado de Policía Local de la Ciudad de Angol, por infracción a la ley N° 20.283 y lo dispuesto en el reglamento de dicha ley, para hacer efectivas las multas establecidas en la misma, en contra del entonces administrador del Parque Nacional Nahuelbuta.

De este modo, la Contraloría Regional procedió a remitir los antecedentes recabados al Consejo de Defensa del Estado, para que este, de ser pertinente, en virtud de lo expresado en el artículo 54 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, sea quien deduzca la respectiva acción ambiental mediante la denuncia
respectiva ante el Tercer Tribunal Ambiental.

Respecto a sobre el daño ambiental y su reparación, esta Entidad fiscalizadora procedió a remitir los antecedentes recabados al Consejo de Defensa del Estado y a la Municipalidad de Angol, para que estos, sean quienes ponderen deducir la respectiva acción ante el Tercer Tribunal Ambiental.

Ver informe de contraloría acá: https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/f1c56e0cec74441b90bc9e5dc7fd8a41/html 

 

 

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