Hugo Guzmán

Periodista y Director de El Siglo

En el país operan a lo menos una cincuentena de medios de comunicación que suelen ubicarse en categorías como alternativos, contrahegemónicos, populares, comunitarios o antisistémicos. Unos pocos en el ámbito de impresos, la mayoría en Portales Web, otros como radios y canales televisivos comunales o territoriales. Muchos de ellos aprovechando plataformas de las redes sociales.

Es una respuesta a un sistema medial chileno caracterizado por la concentración de la propiedad (privada) y la uniformidad editorial/informativa (conservadora). En Chile, más del 90% de periódicos, radios y canales de televisión pertenecen a grupos económicos, consorcios financieros o a la industria monopólica y trasnacional de las comunicaciones.

El Estado prácticamente no cuenta con medios propios de comunicación, y el definido “canal público” (Televisión Nacional de Chile), opera bajo un esquema mercantil y con un directorio estructurado en un cuoteo político binominal donde juegan colectividades de la derecha y la ex Concertación.

También la existencia de esos medios alternativos, contrahegemónicos, populares comunitarios y antisistémicos, son una respuesta al sistema medial concentrador, monopólico, conservador y pro sistémico.

Una respuesta que es más efectiva de lo que se piensa, si se considera que logran un alcance en nichos políticos y sociales, en territorios y comunidades, en ámbitos sindicales, indígenas, feministas, juveniles y culturales.

Esos medios consiguen expandir/instalar información, relatos, análisis, coberturas, opiniones, que se convierten en la otra comunicación, no dominante, que da cuenta de la realidad y del pensamiento de amplios sectores sociales con un sentido de soberanía informativa/comunicacional.

Por cierto, hay que promoverlos y ampliar el alcance motivando por distintas vías a la gente, apuntando a que tienen dónde ir a informarse más allá de los medios hegemónicos y tradicionales.

De tal manera que, más que el Estado o el sistema democrático formal, son actores sociales y actores comunicacionales los que acercan la posibilidad, en Chile, de tener un sistema medial plural, más o menos equitativo, diverso, y que contribuya a garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión (que se busca sea declarado un derecho constitucional).

De tal manera que, más que el Estado o el sistema democrático formal, son actores sociales y actores comunicacionales los que acercan la posibilidad, en Chile, de tener un sistema medial plural, más o menos equitativo, diverso, y que contribuya a garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión (que se busca sea declarado un derecho constitucional).

La evidencia demuestra que el Estado chileno, las fuerzas políticas institucionales, el Parlamento y, por cierto, el sector empresarial, hacen poco o nada para que en el país pueda instalarse un sistema medial plural y equilibrado, básicamente con la existencia de medios sociales, estatales, privados y comunitarios.

De tal manera que estos medios alternativos, populares y contrahegemónicos viven una situación de precariedad financiera, bajo acceso a recursos de todo tipo, e incluso la persecución judicial/policial como ocurre sobre todo con radios comunitarias. La legislación vigente y el sistema democrático formal no aseguran ni consagran la existencia de diversidad de medios.

Un ejemplo de aquello es que con el surgimiento de medios que son desarrollados por comunicadores o profesionales/técnicos no periodistas, sobre todo a partir de la revuelta social/ciudadana de 2019, se puso en la mesa la necesidad de otorgarles una condición legal y de garantía para ejercer su derecho a informar/opinar. Sin embargo, son perseguidos/reprimidos aduciendo que los trabajadores/colaboradores de esos medios no son periodistas.

Todo tiene que ver, por lo demás, con el concepto del papel que juega el Estado en el sistema medial y con el criterio mercantil y privatizador impuesto en Chile a la existencia y funcionamiento de los medios.

Para los sectores conservadores, e incluso en el campo progresista y de izquierda (institucionalizados) el Estado no tiene por qué ser garante de la existencia de pluralidad de medios y aplican criterios de mercado. Con distorsiones enormes, como que el Estado le entrega publicidad pagada a medios conservadores o afines al poder político, que tienen menor tiraje/cobertura que medios alternativos, o como que el 80% del avisaje estatal se concentra en dos empresas duopólicas de la prensa.

Para los sectores conservadores, e incluso en el campo progresista y de izquierda (institucionalizados) el Estado no tiene por qué ser garante de la existencia de pluralidad de medios y aplican criterios de mercado. Con distorsiones enormes, como que el Estado le entrega publicidad pagada a medios conservadores o afines al poder político, que tienen menor tiraje/cobertura que medios alternativos, o como que el 80% del avisaje estatal se concentra en dos empresas duopólicas de la prensa.

También se produce un fenómeno de la subjetividad medial y la percepción respecto a los medios. Es la instalación en la retina de segmentos de la sociedad, de que la prensa tradicional/hegemónica/conservadora es “la seria”, “la veraz”, la válida. A lo que se suma, por ejemplo, el alcance/influencia de los canales televisivos (matinales, noticiarios, espacios de debates, etc.) y de las radioemisoras (informativos, programas de análisis y comentarios). En contrapunto, y considerando las precarias condiciones de desarrollo, a los otros medios (alternativos, contrahegemónicos, populares, sociales) se les levantan estigmas, prejuicios, descréditos, caricaturas, demonizaciones, con el claro propósito de restarles credibilidad y alcance frente a la opinión pública.

Pero en definitiva, el sistema medial chileno y lo que lo caracteriza, es un espacio de disputa, es un espacio a transformar, es un espacio a re-categorizar. Lo que plantea desafíos, en los que tienen primera línea los medios antisistémicos (es decir, que están por otro sistema), los periodistas y trabajadores de la comunicación. Pero también las fuerzas políticas y sociales progresistas, transformadoras, democráticas, de izquierda, tanto las que operan dentro del esquema de democracia formal, como las que operan fuera de ella. E incluso, tienen un papel empresarios de distintos niveles que tengan la posibilidad de aportar y comprometerse en un sistema de medios plural y equilibrado.

Ahora, sin duda, la primera responsabilidad es del Estado como garante e impulsor de un sistema medial eficaz en su pluralidad, equidad, diversidad y de promoción del derecho a la información y la libertad de expresión.

Eso, en el texto constitucional actual, no está definido así. Tampoco en la legislación vigente en Chile.

De ahí que este tema/realidad deba ser parte de los análisis y resoluciones de la nueva Constitución que comenzará a discutirse en unos meses. Con la premisa de que el derecho a la información sea un derecho constitucional.

Eso, sin desechar que el futuro Parlamento que asumirá el 2022, abra las puertas a una legislación actualizada, de derechos, moderna, eficaz, para que en Chile se instale un marco realmente democrático y equitativo para el sistema medial y se garantice la pluralidad, la diversidad y el derecho a la información para toda la población, donde, por ejemplo, se disminuya y regule la concentración en la propiedad, y se establezcan mecanismos eficaces y no mercantiles para el funcionamiento de diversidad de medios, cumpliendo condiciones técnicas, profesionales y de operación.

 596 Total de visitas,  2 Visitas de hoy