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Hugo Guzmán

Periodista y Director de El Siglo

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En el país operan a lo menos una cincuentena de medios de comunicación que suelen ubicarse en categorías como alternativos, contrahegemónicos, populares, comunitarios o antisistémicos. Unos pocos en el ámbito de impresos, la mayoría en Portales Web, otros como radios y canales televisivos comunales o territoriales. Muchos de ellos aprovechando plataformas de las redes sociales.

Es una respuesta a un sistema medial chileno caracterizado por la concentración de la propiedad (privada) y la uniformidad editorial/informativa (conservadora). En Chile, más del 90% de periódicos, radios y canales de televisión pertenecen a grupos económicos, consorcios financieros o a la industria monopólica y trasnacional de las comunicaciones.

El Estado prácticamente no cuenta con medios propios de comunicación, y el definido “canal público” (Televisión Nacional de Chile), opera bajo un esquema mercantil y con un directorio estructurado en un cuoteo político binominal donde juegan colectividades de la derecha y la ex Concertación.

También la existencia de esos medios alternativos, contrahegemónicos, populares comunitarios y antisistémicos, son una respuesta al sistema medial concentrador, monopólico, conservador y pro sistémico.

Una respuesta que es más efectiva de lo que se piensa, si se considera que logran un alcance en nichos políticos y sociales, en territorios y comunidades, en ámbitos sindicales, indígenas, feministas, juveniles y culturales.

Esos medios consiguen expandir/instalar información, relatos, análisis, coberturas, opiniones, que se convierten en la otra comunicación, no dominante, que da cuenta de la realidad y del pensamiento de amplios sectores sociales con un sentido de soberanía informativa/comunicacional.

Por cierto, hay que promoverlos y ampliar el alcance motivando por distintas vías a la gente, apuntando a que tienen dónde ir a informarse más allá de los medios hegemónicos y tradicionales.

De tal manera que, más que el Estado o el sistema democrático formal, son actores sociales y actores comunicacionales los que acercan la posibilidad, en Chile, de tener un sistema medial plural, más o menos equitativo, diverso, y que contribuya a garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión (que se busca sea declarado un derecho constitucional).

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De tal manera que, más que el Estado o el sistema democrático formal, son actores sociales y actores comunicacionales los que acercan la posibilidad, en Chile, de tener un sistema medial plural, más o menos equitativo, diverso, y que contribuya a garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión (que se busca sea declarado un derecho constitucional).

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La evidencia demuestra que el Estado chileno, las fuerzas políticas institucionales, el Parlamento y, por cierto, el sector empresarial, hacen poco o nada para que en el país pueda instalarse un sistema medial plural y equilibrado, básicamente con la existencia de medios sociales, estatales, privados y comunitarios.

De tal manera que estos medios alternativos, populares y contrahegemónicos viven una situación de precariedad financiera, bajo acceso a recursos de todo tipo, e incluso la persecución judicial/policial como ocurre sobre todo con radios comunitarias. La legislación vigente y el sistema democrático formal no aseguran ni consagran la existencia de diversidad de medios.

Un ejemplo de aquello es que con el surgimiento de medios que son desarrollados por comunicadores o profesionales/técnicos no periodistas, sobre todo a partir de la revuelta social/ciudadana de 2019, se puso en la mesa la necesidad de otorgarles una condición legal y de garantía para ejercer su derecho a informar/opinar. Sin embargo, son perseguidos/reprimidos aduciendo que los trabajadores/colaboradores de esos medios no son periodistas.

Todo tiene que ver, por lo demás, con el concepto del papel que juega el Estado en el sistema medial y con el criterio mercantil y privatizador impuesto en Chile a la existencia y funcionamiento de los medios.

Para los sectores conservadores, e incluso en el campo progresista y de izquierda (institucionalizados) el Estado no tiene por qué ser garante de la existencia de pluralidad de medios y aplican criterios de mercado. Con distorsiones enormes, como que el Estado le entrega publicidad pagada a medios conservadores o afines al poder político, que tienen menor tiraje/cobertura que medios alternativos, o como que el 80% del avisaje estatal se concentra en dos empresas duopólicas de la prensa.

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Para los sectores conservadores, e incluso en el campo progresista y de izquierda (institucionalizados) el Estado no tiene por qué ser garante de la existencia de pluralidad de medios y aplican criterios de mercado. Con distorsiones enormes, como que el Estado le entrega publicidad pagada a medios conservadores o afines al poder político, que tienen menor tiraje/cobertura que medios alternativos, o como que el 80% del avisaje estatal se concentra en dos empresas duopólicas de la prensa.

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También se produce un fenómeno de la subjetividad medial y la percepción respecto a los medios. Es la instalación en la retina de segmentos de la sociedad, de que la prensa tradicional/hegemónica/conservadora es “la seria”, “la veraz”, la válida. A lo que se suma, por ejemplo, el alcance/influencia de los canales televisivos (matinales, noticiarios, espacios de debates, etc.) y de las radioemisoras (informativos, programas de análisis y comentarios). En contrapunto, y considerando las precarias condiciones de desarrollo, a los otros medios (alternativos, contrahegemónicos, populares, sociales) se les levantan estigmas, prejuicios, descréditos, caricaturas, demonizaciones, con el claro propósito de restarles credibilidad y alcance frente a la opinión pública.

Pero en definitiva, el sistema medial chileno y lo que lo caracteriza, es un espacio de disputa, es un espacio a transformar, es un espacio a re-categorizar. Lo que plantea desafíos, en los que tienen primera línea los medios antisistémicos (es decir, que están por otro sistema), los periodistas y trabajadores de la comunicación. Pero también las fuerzas políticas y sociales progresistas, transformadoras, democráticas, de izquierda, tanto las que operan dentro del esquema de democracia formal, como las que operan fuera de ella. E incluso, tienen un papel empresarios de distintos niveles que tengan la posibilidad de aportar y comprometerse en un sistema de medios plural y equilibrado.

Ahora, sin duda, la primera responsabilidad es del Estado como garante e impulsor de un sistema medial eficaz en su pluralidad, equidad, diversidad y de promoción del derecho a la información y la libertad de expresión.

Eso, en el texto constitucional actual, no está definido así. Tampoco en la legislación vigente en Chile.

De ahí que este tema/realidad deba ser parte de los análisis y resoluciones de la nueva Constitución que comenzará a discutirse en unos meses. Con la premisa de que el derecho a la información sea un derecho constitucional.

Eso, sin desechar que el futuro Parlamento que asumirá el 2022, abra las puertas a una legislación actualizada, de derechos, moderna, eficaz, para que en Chile se instale un marco realmente democrático y equitativo para el sistema medial y se garantice la pluralidad, la diversidad y el derecho a la información para toda la población, donde, por ejemplo, se disminuya y regule la concentración en la propiedad, y se establezcan mecanismos eficaces y no mercantiles para el funcionamiento de diversidad de medios, cumpliendo condiciones técnicas, profesionales y de operación.

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