A partir del 18 de octubre de 2019 se sucedieron masivas manifestaciones en contra del modelo neoliberal. Era la expresión del rechazo a un modelo que consagra el abuso de poder, la corrupción y la exclusión. En Chile miles de personas salieron a las calles a expresar su indignación y descontento. A exigir su derecho a pensiones dignas, a salud y educación pública y de calidad, a vivienda. Especial relevancia cobró las luchas de las mujeres en contra del femicidio y la inequidad de género.
Desde el primer día la respuesta del gobierno fue una cruenta represión. Los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado cientos de casos de tortura, más de 30 personas muertas en el curso de las protestas, más de 450 víctimas de trauma ocular y miles de presos políticos. Razón por a cuál recibió severas críticas, tanto en Chile como en el extranjero, por violar sistemáticamente los derechos humanos.
En el contexto de estas manifestaciones ocurrieron diversos actos punibles: saqueos, destrucción de bienes públicos y privados así como otros ilícitos. Todos hechos condenables que han servido como pretextos para detener y encarcelar a quienes hacían uso de su derecho a manifestarse en la vía pública. Existen muchas denuncias en las redes sociales, que muestran que estos varios de estos hechos ocurrieron por la actuación de carabineros infiltrados, que los promovieron. También nos parecen graves las denuncias acerca de que se obligó a funcionarios municipales de Providencia, bajo las órdenes de la Sra. Matthei, a realizar labores de espionaje.
El gobierno de Sebastián Piñera ha hecho un uso abusivo de la prisión preventiva. Muchos de los encarcelados son menores de edad, jóvenes, mujeres y hombres que han sido privados de libertad por casi ya dos años. La mayoría de ellos sin antecedentes penales y con pruebas circunstanciales que justifican muy débilmente las acusaciones y detenciones, como se ha logrado demostrar en los escasos juicios realizados. Ni la fiscalía que se presta para la construcción de pruebas falsas, ni los tribunales que se han mostrado obsecuentes, dan garantías de un debido proceso.
Es por ello, que las candidaturas abajo firmantes quienes hacemos parte del movimiento que hemos denominado Municipio Ciudadano, exigimos la pronta tramitación y aprobación de la Ley de Indulto de presxs de la revuelta.
Ofende a la ética democrática que quienes con sus luchas abrieron el camino para la derogación de la Constitución de 1980, continúen encarcelados. No queremos repetir la democracia en la medida de los posible, que tanto daño le ha hecho a Chile. Es por eso que exigimos el pleno respeto a los derechos humanos, y ello pasa por Justicia y Reparación a quienes han sido vulnerados en sus derechos más esenciales.
ADHERENTES: CANDIDATOS DE OPOSICIÓN A CONCEJALÍA MUNICIPIO PROVIDENCIA
Luis Ibacache Silva
Mario Neira Quiroga
Walter Vogel Escobar
Taroa Zúñiga Silva
Elisa Neumann García
Marcelo Santo Rodríguez
Josefa Errazuriz Guilisasti
Juan Egor Plaza Aguilar
Romina Zamorano Tapia
José T. Leturia Rocco
Leticia Álvarez Claudet
Diego Espinoza Chacoff
Olga Hurtado Pinochet
Eliana Pizarro
