La soberanía radica en el pueblo, una máxima y una meta a la cual todas las democracias medianamente sanas deben avanzar, ya que los procesos democráticos carentes de este objetivo terminan por generar falsas expectativas en la población, germinando ese famoso “malestar” y futuras crisis.

Una de las tareas incompletas en el análisis político y sociológico de los grupos de poder, es realizar un diagnóstico medianamente cercano a lo que sucedió durante las manifestaciones a partir del 18 de octubre del 2019. Un elemento importante es la grave crisis institucional del país que alcanza a la propia “institución presidencial”.

En un sistema neoliberal que se implantó con el objetivo de mantener una “baja intensidad” de la política, se fue cultivando por un lado la idea de que este “sistema” conformado por una gama de actores e instituciones, resultó ser ineficaz y estéril en atender y procesar las demandas sociales durante 30 años de post dictadura militar.

Una segunda componente es que, dada la historia social y política de Chile, y contrario a las hipótesis de los ideólogos y defensores del sistema, esta naturaleza social y política no bajó su intensidad, sino que salió del sistema y formó esta masa heterogénea que desde las antípodas institucionales se ha manifestado durante años, una marea incontenible que terminó desbordando los parapetos de un sistema político estéril y vaciado crecientemente de legitimidad.

10 mil millones de pesos de dineros fiscales otorgados a los partidos políticos para estas elecciones, se suman también a abundantes donaciones privadas, todo esto en plena pandemia, una creciente cesantía y donde se ha tenido que recurrir a los propios dineros de pensiones para apalear la crisis económica.

Todos estos dineros nacen de una intención de “sanear la política” luego de la famosa Comisión Engel, la cual fue eludida tramposamente por los partidos políticos el año 2017, refichando sus militantes de manera fraudulenta por email, donde el Servel formó parte de esta jugada.

La ilegitimidad de origen de la mayoría de los actuales partidos políticos producto de este “salvataje” del año 2017, no los privó de secuestrar un proceso constituyente que se había iniciado al menos el año 2010 con los primeros indicios y cabildos ciudadanos. Incluso el mes de diciembre de ese año 2019 estos cabildos fueron consultados en muchos municipios.

Sin embargo, todos estos elementos fueron enviados al tacho de la basura, imponiéndose una metodología netamente para partidos políticos, donde se “invitó” a independientes a formar parte de aquello. Y hay que aclarar que el plebiscito pasado, legitimó una necesidad del país de cambiar la constitución militar, dictatorial y fascista del año 1980, pero no así la manera en que se llevará el proceso, lo cual no ha sido consultado.

Por lo tanto, esta “fiesta de la democracia” que señalan alegremente los defensores del status quo, es una fiesta donde curiosamente los invitados son las organizaciones sociales y el pueblo en definitiva, pero el que coloca las condiciones es esa clase política ilegítima hacia la cual fue dirigida la protesta social.

¿Alguna salida? Transformar el proceso constituyente en una verdadera “casa de vidrio”, con una ciudadanía que esté encima del proceso, consultando, analizando y manifestándose en las calles cada vez que se pretenda torcer su voluntad. El reglamento debe ser el próximo paso que vigilar, a partir del lunes 17 de mayo.

Será difícil mantener la atención para una población fuertemente golpeada por la crisis pandémica, con miles de fallecidos y múltiples violaciones a los DDHH. Con un debate artificialmente maniqueo, con medios de comunicación comprometidos a defender los intereses empresariales y una clase política defendiendo su última bandera de guerra.

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