Álvaro Portilla Molina

Médico Ortopedista y Fundador Clínica Erasmo, Colombia

 

En Colombia, la ley 100 fue creada en 1993 y tenía la sana intención de brindar cobertura en salud a todos los colombianos. Para tal fin se crearon dos regímenes en salud, el régimen subsidiado para la población más vulnerable que no poseía capacidad económica de cotizar, y el régimen contributivo para la población que debía aportar económicamente al Sistema General de Salud.

La anterior ley mencionada ha sufrido modificaciones legislativas en 50 oportunidades y tiene como características principales la entrega de la administración, gestión del riesgo en salud y financiero a las intermediarias EPS (Empresas Promotoras de Salud) y la planificación de los servicios de salud al mercado financiero. Las denominadas EPS son las gestoras de ambos regímenes: el contributivo y el subsidiado; estas corresponden a empresas particulares nacionales e incluso a algunas extranjeras.

Aunado a lo anterior, es necesario precisar que para la creación de las EPS se realizaron unas exiguas inversiones financieras pero se utilizaron los billonarios recursos del sistema nacional de salud (que son dineros públicos) para engrosar sus arcas con dos mecanismos muy simples, no pagar o dilatar los pagos por los servicios prestados por el conjunto de los trabajadores de la salud y rezagar o negar los servicios médicos que requieren los usuarios. Cabe resaltar que en el régimen subsidiado las EPS suelen pertenecer o tener una inmensa influencia de los políticos con cargos públicos.

Todas estas empresas se asociaron y se constituyeron en verdaderos carteles delictivos que terminaron por acabar una buena intención y que enumeraré a continuación:

  1. Desfalcaron al FOSYGA (Fondo De Solidaridad y Garantías) en billones de pesos con prácticas simultáneas y coordinadas de presentar recobros por medicamentos o tratamientos no realizados, y sobrefacturación de procedimientos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud (POS).
  2. Sobornaron a todos los órganos de control como la Superintendencia de Salud, Procuraduría General de la Nación, Contraloría, Fiscalía, y Ministerio de trabajo. Los métodos tambien muy simples, puerta giratoria intercambiando puestos y favores entre todas esas instituciones y las juntas directivas de las EPS y pago de dádivas.
  3. Sobornaron Senadores que legislan bajo la orientación directa de la poderosísima ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) que agrupa a todas las EPS, quienes desde el inicio de la ley 100 han amañado todas las iniciativas legislativas orientadas a su beneficio colectivo.

Los resultados de toda esta dramática historia, que increíblemente cumple ya 28 años, son absolutamente previsibles. Es un sacrilegio que los ciudadanos para tener el derecho a ser atendidos deben recurrir a instancias jurídicas, por medio de la acción de Tutela; arrojando la poderosa cifra que desde el inicio de la ley 100 de 1993 estas superan los tres millones, una tutela cada 4 minutos (Defensoría del Pueblo, 2015).

Los resultados de toda esta dramática historia, que increíblemente cumple ya 28 años, son absolutamente previsibles. Es un sacrilegio que los ciudadanos para tener el derecho a ser atendidos deben recurrir a instancias jurídicas, por medio de la acción de Tutela; arrojando la poderosa cifra que desde el inicio de la ley 100 de 1993 estas superan los tres millones, una tutela cada 4 minutos.

Por otro lado, en el año 2010 el Instituto Nacional de Salud (INS) publicó el único estudio confiable que muestra que en 12 años, entre 1998 y 2010, la mortalidad evitable en Colombia fue de casi un millón quinientos mil colombianos. Si extrapolamos esas cifras a los 28 años de vigencia de la ley 100 podríamos hablar de cerca de 3 millones de muertes prevenibles por falta de atención oportuna. ¡Un verdadero Genocidio!

En materia laboral la situación es desastrosa y escandalosa, continuamente se violan derechos constitucionales, de los 300.000 trabajadores el 80% (240.000) tienen contrataciones ilegales, sus salarios no son pagados a tiempo, se pagan con atrasos de hasta 29 meses, o no son pagados, despidos injustificados y en general una masacre laboral que en cualquier país del mundo sería inaceptable y que seguramente ya habría causado paros y revueltas sociales plenamente justificadas. Lo increíble en una nación que se pretende democrática con poderes separados y con leyes que protegen a todos los trabajadores de la salud, es que todas las acciones legales que se emprenden para reinvindicar derechos consagrados en la constitución y su ordenamiento jurídico se ven siempre abocados a la negativa. Todo esto gracias al inmenso poder de corrupción de la ACEMI que manipula todos los poderes a su antojo gracias a los billonarios recursos que maneja.

En este sentido, en el año 2008 la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-760 de Reforma Estructural del Sistema de Salud, que ratifica el derecho a la salud como fundamental y autónomo, de acuerdo al sistema de las Naciones Unidas. Esta reposa en su espíritu 14 órdenes al Gobierno Nacional; por ende, se creó una Comisión de Seguimiento de la Sentencia y ésta publicó un informe en agosto del 2016 (Carlos Lerma Carrillo), que demostró que el ejecutivo solo ha cumplido una y parcialmente cumplido otra, que demuestra la fractura institucional de todos los presidentes desde el 2008 (Alvaro Uribe Velez, Juan Manuel Santos, Ivan Duque) al ignorar las órdenes de la Corte Constitucional.

Así, después de tanto dolor, lágrimas, muertes prevenibles, al gobierno se le antojó presentar en medio de la pandemia de COVID-19 una reforma a la salud: Proyecto de Ley 10 de 2020 Senado 425 de 2020 Cámara “Por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el Derecho Fundamental a la Salud dentro del Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con la Ley 1751 de 2015, y la sostenibilidad del Sistema de Salud”.

No enumeraré todos los defectos de este proyecto de Ley que ya han sido ampliamente difundidos por todos los medios nacionales. Este “proyecto” es un enorme error jurídico y obviamente otra enlodada política. Este proyecto puede continuar avivando la inmensa hoguera que sigue creciendo en el país, pues ha sido rechazada por todas las asociaciones de la salud acompañada de todos los sindicatos nacionales y en general por la inmensa mayoría de la población.

Este proyecto de ley cuenta con una serie de defectos y vacíos que condenará a todo el país; en este orden, la reforma no constituye un cambio estructural en el sistema de salud, va en contravía de la ley estatutaria 1751, profundiza la visión neoliberal y continua el proceso de privatización de los recursos de la salud, abre las puertas a conglomerados nacionales y extranjeros para que se lucren de los recursos públicos de la salud, pone en riesgo la destinación específica de estos recursos, no da respuesta efectiva a la grave deuda  de 24 billones de pesos con los prestadores de la salud públicos ni privados, no contempla los determinantes sociales de la salud, viola la autonomía universitaria y aún más la de los profesionales de la salud, es retrógrada desde su espíritu al quitar beneficios adquiridos de la cobertura de servicios de salud, no resuelve la precarización laboral de los trabajadores de la salud, confiere poderes especiales a las EPS sobre los entes territoriales, puede anularse la protección en salud si la EPS decide que se debe a falta de autocuidado, las redes integradas e integrales de servicios son excluyentes con gran parte de los trabajadores de la salud, la fusión y liquidación de hospitales públicos que nos sean viables (y los están empujando en esa dirección) obedece a un negocio turbio buscando privatizarlos, con la complicidad de privados y las fuerzas políticas de turno, busca transformar el instituto cancerológico (una institución que funciona bien) con la intención de privilegiar negocios particulares, trivializa y se le da un uso inadecuado a la especialización de medicina familiar y trata de fortalecer a las universidades privadas en detrimento de las universidades públicas. ¡ABERRANTE!

Los actores de la salud hemos sido vilipendiados y humillados hasta que llegamos a la saciedad. Miles de trabajadores han sido despedidos sin que hayan podido pensionarse, en unas condiciones de pobreza y vulnerabildad extremas. Debemos corromper y pagar para que nos dejen ver los enfermos y arrodillarnos para que nos paguen el producto de nuestro trabajo, todo esto ante los ojos indolentes y arrogantes de las autoridades que nos gobiernan, ante los ojos cómplices de las autoridades laborales y de justicia que deberían velar por los ciudadanos que pagan sus salarios.

Los actores de la salud hemos sido vilipendiados y humillados hasta que llegamos a la saciedad. Miles de trabajadores han sido despedidos sin que hayan podido pensionarse, en unas condiciones de pobreza y vulnerabildad extremas. Debemos corromper y pagar para que nos dejen ver los enfermos y arrodillarnos para que nos paguen el producto de nuestro trabajo, todo esto ante los ojos indolentes y arrogantes de las autoridades que nos gobiernan, ante los ojos cómplices de las autoridades laborales y de justicia que deberían velar por los ciudadanos que pagan sus salarios.

¿Cómo pueden sorprenderse que la ciudadanía este en la calle llena de furia? ¿Quién empujó a todos los trabajadores de la salud a la calle a protestar?

El gobierno debe convocar a la Gran Junta Médica en Salud para trabajar de su mano y convertir en realidad sin mayores demoras el cambio estructural que requiere la salud para los colombianos.

Por qué se debe ser ciego, indolente o despiadado para desconocer esta realidad. La necesidad del cambio es ahora, es ya y pueden tener la seguridad que esta vez no habrá vacilaciones para exigir el cambio estructural que necesita la salud.

«Los colombianos unidos podemos transformar el país que anhelamos y merecemos»

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