En el documento se indica que el Estado de Chile ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento del orden público en la zona y se acusan responsabilidades políticas para autoridades de los Ministerios del Interior y de Desarrollo Social.

Por 68 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora de actos de gobierno relacionados con políticas de seguridad pública en la región de La Araucanía, especialmente respecto de hechos vinculados con personas pertenecientes a pueblos originarios (CEI 54).

La instancia fue aprobada por la Sala en la sesión del 5 de agosto de 2020, tras una solicitud efectuadas por 63 diputadas y diputados. Tuvo quince sesiones celebradas, después de lo cual se aprobó un informe de mayoría que hoy rindió ante la Corporación la diputada Emilia Nuyado (PS).

En el texto se sostiene que los hechos que motivaron la conformación de la instancia dan cuenta de que “el Estado de Chile ha sido incapaz de garantizar el cumplimiento del orden público”, así como el pleno respeto a los derechos humanos. Se acota que se ha sometido a los pueblos originarios a vulneración y despojo de sus tierras y territorios limitando su desarrollo económico, social y cultural.

Asimismo, se plantea que los escenarios de conflictividad en La Araucanía están asociados regularmente a las demandas de comunidades mapuche que exigen la devolución de sus tierras ancestrales y respecto de lo cual se ha respondido con el uso de la fuerza a través de la persecución penal y la intervención policial, dando como ejemplo de aquello los hechos ocurridos la noche del sábado 1 y madrugada del domingo 2 de agosto de 2020, en que los ocupantes de varios municipios de la zona son violentamente desalojados.

Se critica que el Gobierno se hiciera parte, mediante querella criminal, responsabilizando a las personas mapuche de los violentos hechos, sin interponer ninguna acción legal en contra de los civiles armados, ni contra Carabineros, quienes, según se afirma en el texto, actuaron fuera de todo protocolo.

Sobre el punto se acusa que es “un acto racista, que es respaldado y justificado por la propia autoridad central”. “Vemos un actuar de las autoridades de gobierno, en este caso al ministro del Interior, subsecretario del Interior e intendente regional, seguir con una política de violencia institucional y criminalización del pueblo mapuche”, se acota.

También se indica que el Estado de Chile incumple el Convenio 169 de la OIT, al no dar cumplimiento a lo establecido en algunos de sus artículos y omitiendo su deber de dar cabida a la protección de los derechos humanos de los privados de libertad de pueblos originarios.

Asimismo, aludiendo a la política de “guerra interna”, se concluye que “las autoridades del Ministerio del Interior tienen responsabilidad política porque fueron imparciales en cautelar el Estado de Derecho y, deliberadamente, incumplieron el principio de igualdad y no discriminación como elemento estructural del derecho internacional de los derechos humanos”.

Otras conclusiones

Sala

El informe también expone situaciones que se califican como “racismo del Estado de Chile contra el pueblo mapuche” y se plantea que la actuación de sucesivos ministros del Interior y Seguridad Pública, así como de las autoridades que de ellos dependen, configura un patrón de conducta de discriminación por razones políticas contrario a la Constitución y los compromisos internacionales del Estado de Chile.

Además, se asegura que la situación de violencia en La Araucanía es un tema político, que el Estado no ha sabido abordar a través de los distintos gobiernos, siendo incapaces de dar una solución a las demandas territoriales, sociales y culturales.

“La violencia rural, la discriminación y la criminalización que sufren las comunidades mapuche son una realidad en algunos sectores de La Araucanía, lo que debe ser repudiado y rechazado por todos los sectores de la sociedad. Esta es, sin duda, una condición esencial para superar el clima de confrontación y sanar heridas que aún están abiertas”, se acota.

También se acusa la usencia de políticas de legitimación de las demandas indígenas, con la paralización de proyectos de ley sobre derechos representativos de estos pueblos, como son la creación del Ministerio Indígena y el Consejo de Pueblos. De igual modo, se refuta que se dejara de ejecutar el presupuesto del Fondo de Aguas y Tierras, hecho que se estima vulnera la Constitución y la Ley 19.253 y respecto de lo cual se responsabiliza a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y la Conadi.

Por último, entre otros puntos, se critica que la agenda legislativa del Gobierno tenga características represivas.

En el debate hubo posiciones contrapuestas respecto de las conclusiones contempladas en el informe, reafirmando lo ocurrido en la comisión investigadora.

Así, mientras que diputados del oficialismo refutaron dichos acuerdos y sostuvieron que hubo importantes sesgos y omisiones en los hechos descritos, así como en algunas de las afirmaciones mencionadas; en la oposición se apoyó el criterio adoptado y se relevó la importancia de alcanzar un nuevo trato con los pueblos originarios y, en particular con el mapuche, lo que esperan pueda realizarse en la nueva Constitución que nuestro país apruebe

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