La Comisión de Gobierno Interior continúo con la ronda de audiencias para la discusión de diversas iniciativas que regulan la implementación de la reforma constitucional que busca restituir el voto obligatoriopropuesta ya despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados y en trámite en el Senado.

El primero de los proyectos que analiza el grupo que encabeza la diputada Andrea Parra (PPD) busca sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar mediante el pago de una multa a beneficio municipal, que va desde, media a tres Unidades Tributarias Mensuales (boletín 13105).

Podrá excusarse de la infracción por enfermedad, ausencia del país, estar a más de 200 kilómetros de su lugar de votación o impedimento grave acreditable.

El segundo texto se trata de dos mociones refundidas que incorporan un proceso de desinscripción voluntaria del registro electoral (boletines 13159 y 14291). Para dicho efecto se propone reformar la ley orgánica respectiva, incluyendo la opción de la desinscripción, tanto por la vía presencial como remota, a través del sitio web del Servicio Electoral.

IDEA Internacional

María Jaraquemada

En la ocasión, María Jaraquemada, oficial del Programa para Chile y el Cono Sur, IDEA Internacional, aseguró que, en forma mayoritaria, los países cuentan con voto voluntario. Sin embargo, reconoció que, en la región, lo que prima es el voto obligatorio, considerado como un deber, con o sin sanciones.

Sostuvo que los países que cuentan con voto obligatorio tienen una diferencia de siete puntos en la participación electoral con los que no lo tienen.

En cuanto a las sanciones que se utilizan en la región por no ir a votar, Jaraquemada enumeró multas, prisión, pérdida del derecho a voto, imposibilidad de sacar pasaporte o no poder optar a créditos otorgados por bancos estatales.

La representante de IDEA Internacional informó que el promedio de participación electoral en la región es de un 66%. En los países que cuentan con voto obligatorio es de un 71%, mientras que en los con sufragio voluntario es de un 58%.

María Jaraquemada dijo preferir que en nuestra legislación existan incentivos, más que multas por no ir a votar. En tal plano, propuso, por ejemplo, descuentos para la obtención de documentos personales, reducción de matrículas universitarias y de impuestos, incentivos que deben ser complementados con campañas comunicativas, escuchas activas y facilitación del voto.

En cuento a la posibilidad de desinscribirse de los registros electorales, se mostró de acuerdo con la medida para que no se genere un rechazo ciudadano ante el voto. Recomendó una obligatoriedad gradual y considerar ciertas excepciones como edad, distancia y salud, para no generar una “rebelión contra el voto”.

Espacio Público

Participó también, desde Espacio Público, Javier Sajuria, quien se refirió a los riesgos de desinscribirse del padrón electoral, ya que sería poco probable que esa persona vuelva a hacerlo y participe en futuras elecciones.

El experto afirmó que las sanciones pecuniarias no son la única herramienta legal para buscar la participación ciudadana. Planteó que se deben incorporar mecanismos de facilitación del voto como transporte publico gratuito, voto anticipado y/o postal, en casos excepcionales, y voto para personas privadas de libertad.

Dentro de las recomendaciones, Sajuria pidió legitimar el sistema con recursos permanentes para estudios electorales y mejorar la oferta política. Lamentó que hoy se traspase el costo de no votar a la ciudadanía y no a la clase política, que no estaría ofreciendo una oferta atractiva.

Además, reconoció una poca capacidad de evaluación de los procesos políticos.

En la ocasión, las y los parlamentarios coincidieron en preferir hablar de un incentivo para ir a votar, más que estipular un cierto tipo de sanciones. Bajo esta lógica, evaluaron que no sería necesario contar con una desinscripción de los registros electorales.

La Comisión de Gobierno Interior continuará con la tramitación de estos proyectos en la próxima sesión.

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