El candidato de la izquierda fue proclamado más de un mes después de que se realizara la segunda vuelta electoral, donde resultó en primer lugar.

Los resultados fueron ratificados en una ceremonia virtual de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encabezada por el presidente del Jurado Nacional Electoral (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y a la que se sumó Castillo.

El JNE proclamó como ganadora la fórmula presidencial de Perú Libre, compuesta por Pedro Castillo como presidente y Dina Boluarte como primera vicepresidente.   

Así se termina la disputa por la presidencia en Perú tras un mes de constantes declaraciones de fraude electoral y la negativa de las autoridades electorales peruana por oficializar la Victoria de Pedro Castillo.

El fantasma del «fraude»

Un día después de la votación, la líder del derechista Fuerza Popular dio una rueda de prensa donde afirmó, sin pruebas que la respaldaran, que ocurrieron «irregularidades» en el contenido de votos y que Perú Libre buscaba «distorsionar» los resultados. Con estos señalamientos reiterativos de supuesto «fraude» los jurados electorales especiales comenzaron el proceso de revisión de actas y de mesas en las regiones, para luego pasar las observaciones al Jurado Nacional Electoral (JNE), en segunda instancia. 

La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pide una auditoría internacional a los resultados, Lima, 28 de junio de 2021Sebastian Castaneda / Reuters

Hasta poco antes de la proclamación, el JNE electoral estuvo revisando las apelaciones de los fallos de los tribunales electorales hechas por el equipo de Fujimori. En todos los expedientes que revisó determinó que no había inconsistencias, por lo que la tesis del «fraude» se quedó sin sustento.

El lunes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú informó que había declarado «por unanimidad» la improcedencia de las cinco apelaciones presentadas por el partido de Fujimori, quien horas después anunció que reconocería los resultados de las presidenciales, aunque mantuvo su posición respecto a un proceso que consideró «lleno de irregularidades».  

El retraso que tuvo la revisión, ante las denuncias de la excongresista, fue considerado por sus adversarios como una «estrategia poselectoral» con miras a ganar tiempo y contribuir con la incertidumbre que se vive en el país suramericano, que ha atravesado varias crisis políticas que llegaron a su punto más álgido en 2019 cuando el expresidente Vizcarra disolvió el Congreso, solicitó elecciones legislativas para 2020 y ese mismo año fue destituido de su cargo por «incapacidad moral», en medio de una investigación de la Fiscalía por corrupción así informa la agencia internacional RT.com

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