Desde sus diferentes áreas de trabajo, los invitados a la comisión expusieron sobre la pertinencia del libelo y las condiciones sociales y sanitarias del funcionamiento de los establecimientos educacionales.

Variadas exposiciones y perspectivas fueron planteadas por los invitados a la comisión que analiza la procedencia del libelo acusatorio en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por vulneración del derecho a la educación, de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación y la amenaza a la vida e integridad física y psíquica.

El primero en hacer uso de la palabra fue el abogado constitucionalistas Enrique Navarro. Primeramente, hizo un repaso histórico del funcionamiento de esta herramienta -que calificó como de última instancia-. En sus conclusiones, manifestó que en el libelo, en cuanto al derecho a la educación, se desprende una imputación de carácter genérica. En tal plano, aseguró que no se singulariza ni se precisa la imputabilidad de la autoridad ministerial.

Por lo tanto, no se observaría una “intención positiva y dolosa de producir afectación al derecho a la educación”. Al contrario, afirmó que “parecería un propósito de la autoridad dar estricto cumplimiento a los mandatos que establece la Carta Fundamental” en materia de educación.

Frente a eso, destacó que la propia Contraloría habría señalado de se encontrarían ajustados a derechos los cálculos y pagos de las subvenciones escolares.

Educación para adultos

En segundo lugar, expuso el profesor y director del Centro de Educación Integrada de Adultos (CEIA) Josefina Méndez de Coyhaique, David Navarro Muñoz. Su intervención apuntó a las condiciones en las que se encuentran implementando este sistema educativo. Relató que tienen un funcionamiento diferente porque el grueso de los estudiantes llega entre marzo, abril y mayo, lo que afecta su subvención.

El profesor explicó que, en 2020, el Ministerio de Educación tomó la decisión de realizar el pago de la subvención hasta el 15 de marzo con quienes estaban hasta esa fecha y con su asistencia, lo que se prolongó durante todo el año.

Por lo tanto, como en marzo tenían 138 estudiantes, la subvención se pagó frente a esos datos. Sin embargo, remarcó que su matrícula, a agosto, terminó siendo de 188. Ello generó un déficit de ingresos, pues “el ministerio nunca pago un peso” por estos nuevos estudiantes.

Además, señaló las dificultades que implicaba el no poder realizar clases presenciales en sus establecimientos. De igual modo, relevó el tener que destinar recursos para la impresión de guías para las/os estudiantes, en un contexto de déficit de ingresos. “En este caso hay una falta en términos de cómo la educación de adultos fue dejada de lado y no se nos tomó en cuenta”, criticó el profesor.

Pediatra infectólogo

La instancia contó, asimismo, con la exposición del doctor Juan Pablo Torres, pediatra e infectólogo de la Universidad de Chile. El profesional también participa en el comité asesor del programa “Abriendo las Escuelas” de los ministerios de Educación y de Salud.

Al comenzar su exposición, el médico señaló que no tiene ningún tipo de afiliación política y que su presentación sería exclusivamente en torno a su área de investigación sobre enfermedades respiratorias de transmisión viral.

Dentro de los datos que compartió con la instancia, se encuentran que, del total de casos de personas con Covid-19 en el país, solo alrededor del 13% serían niños, niñas y adolescentes (NNA) menores de 18 años. Agregó que hasta el 40% de los casos pueden ser consideradas infecciones asintomáticas y, de presentar síntomas, son menos intensos.

Frente a ello, solo un 1,7% requiere hospitalización y un 0,04%, lamentablemente, ha terminado en un desenlace fatal, correspondiendo en un 85% a NNA con enfermedades de base previas.

El doctor señaló también que, de acuerdo a estudios, la susceptibilidad a la infección de esta población es la mitad de la de los adultos y, al tener menos comorbilidades, su respuesta inmune es mucho más sana. En cuanto a la dinámica de la transmisión viral, explicó que un 62% ocurre en los hogares, donde, en un 73%, se debe a transmisiones de un adulto.

Adicionalmente, Torres entregó antecedentes sobre el Síndrome Inflamatorio Multisistémico, conocido en sus siglas en inglés como PIMS (Pediatric Inflamatory Multisistemic Syndrome). El doctor señaló que suele ocurrir un alza de esta sintomatología un mes después de que aumentan los porcentajes de positividad de los casos.

Hasta la fecha, este año se registran 168 casos (en 2020 fueron 186). De todos los niños que se les detecta Sar Cov 2, solo el 0,1% podría presentar un PIMS, con una mortalidad en un 1,5%.

Derecho administrativo

Luego, la instancia recibió al abogado Pablo Soto, profesor de derecho administrativo de la Universidad Austral. Señaló que la acusación constitucional en contra del ministro sería “plausible”. Estimó que sería posible encontrar una responsabilidad directa del ministro en las acusaciones del libelo.

El abogado explicó que, considerando las funciones de un ministro y su coordinación directa con el Presidente para la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, en este caso habría una ausencia de propuestas de políticas públicas entorno a los puntos de que se plantean en el libelo. A juicio del abogado, eran “totalmente previsibles” frente al escenario que se vivía.

 168 Total de visitas,  2 Visitas de hoy