• Instituciones buscan potenciar acciones en temas de interés común, fortaleciendo un ecosistema conformado por normas y organismos que, entre otros objetivos, refuerce el combate anticorrupción en el sector público.

El trabajo en una agenda conjunta en materia de anticorrupción en administraciones y organismos del Estado acordó esta mañana la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, y el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio.

De la Fuente planteó la relevancia de este encuentro, dado que permitirá avanzar en acciones conjuntas asociadas a combatir la corrupción, de manera de colaborar con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en este ámbito.

La titular del CPLT detalló sobre la cita: “Básicamente, dos instituciones que están en la lógica de hacerle frente a situaciones de corrupción a irregularidades tenemos que buscar maneras de colaborar. Agregó: “Hemos acordado una agenda de trabajo para el próximo tiempo, más allá de entender el rol institucional de cada cual, porque lo que nos interesa es fortalecer un ecosistema e materia de transparencia e integridad pública, que creemos es parte importante de la construcción del Estado en el futuro”.

En tanto, el presidente del CDE, comentó que a partir de las competencias de ambas instituciones se identificaron una serie de puntos de encuentro. “Tenemos un objetivo central que es la búsqueda de la integridad de la función pública, partiendo de la transparencia de todos los actos de las distintas administraciones y servicios públicos”, “y, por supuesto el buen uso de los fondos públicos”, puntualizó.

En el encuentro protocolar intervino además el director general del Consejo para la Transparencia, David Ibaceta, quien agradeció la posibilidad de concretar esta instancia de cooperación, destacando el rol del CDE , entidad que no sólo tiene obligaciones de transparencia sino además desempeña un rol clave desde la perspectiva del acceso a la información al ser contraparte en procesos judiciales, representando a otros órganos de la administración del Estado.

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