La SIP rechaza proyecto de ley en Colombia que protege y privilegia a funcionarios
– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró un ataque a la libertad de prensa un proyecto de ley en Colombia que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos. La organización pidió su eliminación, por considerar que representa un «peligro similar al que promovían las leyes de desacato que proliferaron en América Latina en décadas pasadas».
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la institución luchó muchas décadas en América Latina para «erradicar las leyes de desacato o leyes de insulto que servían a los gobiernos para blindar a sus autoridades y funcionarios ante las críticas e investigaciones de la prensa». Canahuati, CEO de Opsa, de Honduras, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido; «es una herramienta para callar a medios y periodistas».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo: «Estamos frente a un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos, y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas». Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: «Nos extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia».
Distintas organizaciones relacionadas con la comunicación se han echo parte en el reclamo por la medida.
FLIP , Fundación Para la Libertad de prensa expresó este lunes su disconformidad con la aprobación de la ley anticorrupción
En un texto publicado por su plataforma señala:
Se trata de una norma decididamente regresiva contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de los colombianos.
En el debate se evidenció que un sector político ve con recelo a la prensa y está tramitando inconformidades personales a través del sistema legislativo, a tal punto que durante el debate se cuestionaron garantías de suma importancia para la actividad periodística como la presunción de buena fe y la rectificación. Para adoptar medidas para la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción no se puede establecer un sistema de control de la prensa y el flujo de información en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad de la información, tal y como lo pretendió justificar el ponente César Lorduy, congresista del partido Cambio Radical.
El apoyo de 73 representantes a la imposición de estas medidas desproporcionadas y aleccionadoras contra la prensa, en contravía de todas las advertencias de su efecto censurador, revela un poder legislativo que rechaza la veeduría ciudadana y, en su lugar, ejerce el poder con un fin intimidatorio, un mensaje nefasto para la libertad de expresión en el país. El artículo en cuestión mantiene la opacidad, en contravía del propósito del proyecto de ley, sofoca el debate público y crea un terreno fértil para la corrupción impidiendo a la prensa y a las organizaciones de sociedad civil cumplir su rol de perro guardián en una sociedad democrática.
Además de la evidente inconstitucionalidad del artículo y su desconocimiento de los estándares interamericanos, la inconveniencia es clara. Cuando los y las periodistas están frente al riesgo de ser sancionados penalmente, tienden a autocensurarse, afectando gravemente el libre flujo de información en una sociedad democrática, en especial en las regiones.
También hacen un llamado directo a las autoridades Colombianas a
«La Comisión que conciliará el texto definitivo del proyecto de ley, para que lo retire, y en caso de ser incluido, exhortamos al presidente Iván Duque para que objete parcialmente el Proyecto de Ley Anticorrupción, en particular el artículo 68 ya que es inconstitucional«
La Ley
La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el denominado estatuto anticorrupción, una iniciativa construida entre 25 entidades del Estado que establece duras sanciones económicas tanto a las empresas como a las personas que atenten contra el patrimonio público.
La iniciativa contempla atacar los bienes de los corruptos, la responsabilidad administrativa de las empresas, agilizar la extinción de dominio y castigar a quienes afectan el patrimonio del Estado.
Uno de los puntos más polémicos es el que convierte en responsables fiscales a quienes dañen el patrimonio del Estado; es decir, quienes rompan una estación de TransMilenio, por ejemplo, tendrán que pagar no solo con su libertad, sino con su propio dinero.
Para las empresas involucradas en corrupción se contemplan multas de hasta 200 mil salarios mínimos mensuales vigentes. Inhabilidad para contratar con el Estado, publicación en medios de comunicación de la sanción impuesta, prohibición de recibir subsidios por parte del Estado 10 años y destitución de administradores y otros directivos.
Otro punto muy importante tiene que ver con los programas de alimentación escolar. Se establece que cuando una empresa tenga dos sanciones por incumplimiento en programas de alimentación escolar va a quedar inhabilitada por 10 años para volver a contratar con el Estado( Extracto Congreso de la Republica de Colombia)
Fotografía Ref Congreso de Colombia
