Las familias se enteraron de la medida hace pocos días, incluso algunos ya habían adquirido los uniformes para el 2022.

Una triste y desesperada situación están viviendo 150 familias de niños y jóvenes con discapacidad, la mayoría de Las Compañías, ya que se enteraron del cierre definitivo del Colegio Especial Kona Varua por orden de la justicia, cuya última sentencia se dictó el 4 de enero del 2022, por parte de la Corte Suprema. Cabe consignar que este litigio judicial se dio a raíz de que la Corporación realizó fraudes en la asistencia de los alumnos, por lo tanto, se cancelaron subvenciones que no correspondían.

Marcela Carú, apoderada del establecimiento, cuenta que las irregularidades comenzaron a suscitarse desde 2015 y, lamentablemente, estas derivaron en el cierre por resolución judicial. “Las autoridades nos dicen que reubicaran a nuestros niños. Sin embargo, no se han puesto a pensar que la mayoría de ellos tienen discapacidad severa, y que estaban acostumbrados a se tratados por las profesionales del colegio, que tienen una vocación y paciencia que muchos no encontramos en otras partes”.

Agrega que también está el hecho de que muchos de los chicos se encuentran en extrema vulnerabilidad. “Algunos de ellos la única comida que consumían era la que le daban en el establecimiento por parte de la Junaeb. Nos desgarra el corazón que esté ocurriendo algo así. La única solución viable, para nosotros, es que el establecimiento siguiera funcionando, y que algún ente estatal o el municipio se hiciera cargo de ello”.

CENTRO DE PADRES

Ingrid Verdejo, perteneciente al Centro de Padres del Colegio Kona Varua, relata que el 17 de enero se enteraron de la sentencia de la Corte Suprema y el cierre del establecimiento. “La Superintendencia recibió una denuncia el 2018 y de ahí se comenzó a investigar. La sentencia dice claramente que se pagaba subvención sin que los niños estuvieran asistiendo a clases. La asistencia se regulaba por orden de dirección y esta debía ser tomada por los profesores con lápiz grafito”.

Explica, que según la Superintendencia de Educación los sostenedores debieron informar a la comunidad educativa sobre la situación el año pasado, pero que recién se enteran, cuestión que también afecta a los profesores ya que estos tampoco tenían conocimiento.

“La mayor parte de los alumnos están en alto riesgo social, ye les va a costar mucho moverse de su entorno. También, y la mayor parte de los alumnos, tiene autismo y están acostumbrados a un ambiente determinado. Para ellos va a ser terrible cambiarse a otro colegio como si nada, así como lo plantea el seremi de Educación”, concluye Ingrid.

A continuación, presentamos los testimonios de varios apoderados del establecimiento a través de este vídeo:

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Por Alicia Acuña

Periodista

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