El grupo legislativo que lleva cabo esta investigación contó con la exposición de la jueza de Familia, María Pilar Villaroel y el subprefecto de la PDI, Francisco Ceballos.
Observaciones provenientes del Poder Judicial y la PDI recibió la comisión investigadora sobre abuso y explotación sexual a menores bajo la protección del Estado.
La jueza del Tercer Juzgado de Familia, María Pilar Villarroel, manifestó que estos hechos no corresponden a una situación aislada ni nueva. Al analizar el fenómeno, explicó, es posible visualizar las falencias de toda la institucionalidad. A su juicio es urgente y prioritario visibilizar que no existe un seguimiento exhaustivo de las causas más graves, incluso con riesgo vital.
Aquellas causas que cuenten con niños, niñas y adolescentes en residencia o en familias de acogidas externas deben tener prioridad en el sistema judicial.
Actualmente las herramientas son absolutamente insuficientes en temáticas como diversidad sexual, violencia de género y la explotación sexual comercial infantil.
Entre otros puntos, detalló que ha podido constatar que las redes de explotación sexual infantil logran expandir sus alcances a nuevos hogares de menores.
“Es un deber moral de la sociedad hacerse cargo de nuestra infancia y adolescencia vulnerada. Si no, serán estos mismos niños y adolescentes quienes en su adultez nos pasarán la cuenta de lo que no hicimos hoy y lo más grave, es que no podremos alegar ignorancia”, finalizó.
Informe de la PDI
Desde la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, el subprefecto Francisco Ceballos, se refirió al equipo interdisciplinario que se conformó el año 2016.
La entidad fue creada a solicitud del Ministerio Público. Su objetivo fue investigar de manera exclusiva una serie de fallecimientos, que venían registrándose en el Servicio Nacional de Menores.
Esta investigación detonó a partir de la muerte de Lissette Villa en el Cread de Galvarino y tuvo dos grandes pilares. Por un lado se investigó estructuralmente el Sename y por otro los fallecimientos, que fueron 1313. De esta cifra 878 correspondían a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la investigación nacional.
En términos concretos, puntualizó el funcionario de la PDI, se desarrolla una investigación en cada uno de los centros dependientes del Sename. Ello el organismos de administración directa (Cread) como organismos colaboradores (Oca).
La muestra abarcó 240 residencias. Un número importante de fallecimientos que fue investigado estaba asociado a causas medicas. Lo que se investiga son los circunstancias en las que se generan los fallecimientos. El diagnóstico médico, precisó, no siempre resultaba relevante para entender las circunstancias del fallecimiento.
Datos y cifras
De acuerdo a la investigación el 100 % de los Cread y el 79% de los organismos colaboradores presentaba un historial de abandono. Al momento de realizar las visitas 68 centros presentaban situaciones de abandono vigente.
En relación a la victimización intra-residencial y vulneración de derechos, la información fue levantada a partir de declaraciones realizadas con el personal que desarrollaba funciones en los centros y el registro de circulares ( 2308 y 2309).
Se levantaron 2 mil 71 vulneraciones (ocurridas en gran parte del año 2017) 432 de ellas corresponden a maltratos por parte de adultos del centro (20,8%). En tanto, hubo 1265 maltratos entre pares (61,4 %), 53 registros de maltrato por familiares de niños niñas y adolescentes ( 2,6%), 123 actos de connotación sexual cometidos por un adulto contra los residentes (6%) y 187 actos abusivos de connotación sexual cometidos por pares (9,1%).
De los 123 actos abusivos de connotación sexual cometidos por adultos intra y extra residencial, 92 afectaron a centros pertenecientes a organismo colaboradores acreditados que funcionan bajo modalidad de atención a población adolescente. Un 74% a dicha modalidad y un 21% a residentes de Cread
