En entrevista con el Diario U de Chile la Presidenta de la Convenció se refirió al proceso que comienza hoy a las 15:00 horas donde se votará el primer informe de la comisión de sistema de justicia, organos autonomos y reforma constitucional.

María Elisa Quinteros se prefirió a este proceso y como se llevará acabo “ahora viene lo definitivo y eso es mucho más sentido por las y los ciudadanos del país”, y aseguró que el proceso que comienza hoy se divide en dos etapas. “Vamos a estar martes y miércoles votando en general cada uno de los informes y, a la par, se están levantando indicaciones para los mismos una vez que se aprueben las distintas normas. Y jueves y viernes vamos a estar votando en particular”, explicó, y acotó que “esto tiene que ver con la deliberación más que con negociaciones, entonces, más bien es abrir las oportunidades al diálogo para llegar a consenso lo más amplio posible”.

El Informe de 119 páginas contiene el debate general y en específico de los siguientes temas

Poder Judicial;
b) Sistema de justicia constitucional;
c) Ministerio Público y sistema de persecución penal;
d) Órganos de control y órganos autónomos;
e) Acciones constitucionales y garantías institucionales a los Derechos Humanos
y de los Derechos de la Naturaleza;
f) Justicia local;
g) Pluralismo jurídico y sistemas propios indígenas;
h) Reforma constitucional;
i) Normas transitorias;
j) Defensoría de los Pueblos y de la Naturaleza;
k) Justicia administrativa;
l) Defensoría Penal Pública y de las víctimas;
m) Institucionalidad, gasto fiscal y políticas públicas en Derechos Humanos, y
n) Justicia ambiental.

El informe detalla claramente el debate de estos meses en la comisión antes señalada y todos los artículos que se debiesen discutir durante este proceso.

El trabajo fue arduo durante este proceso para abordar en general el mandato de proponer normas constitucionales
referidas a las materias de competencia la Comisión de Sistemas de Justicia,
Órganos Autónomos y Reforma Constitucional, llevó a cabo:

La realización de 127 audiencias públicas, en donde asistieron representantes de órganos e instituciones del Estado, así como representantes de la academia y centros de estudio, de la sociedad civil, ONGs, gremios y la ciudadanía;


1.- tres visitas y actividades en terreno, para recopilar mayor información y
antecedentes sobre estas materias; y
2.- la recopilación y sistematización de las iniciativas constituyentes
vinculadas a la competencia de la Comisión, iniciando la deliberación en torno a las
mismas.

Audiencias públicas y valoración de la participación popular con el propósito de hacer un llamado abierto a la ciudadanía a participar de las audiencias públicas, la Comisión solicitó la incorporación de un banner en la página web de la Convención Constitucional, el que remitía al respectivo formulario de solicitud de audiencia. El llamado a audiencias públicas estuvo abierto desde el 3 hasta el 10 de noviembre de 2021, periodo en el que se recibieron un total de
doscientas cuarenta y cinco solicitudes de audiencias.


En definitiva, la Comisión agendó la realización de 127 audiencias públicas,
cuyo contenido consta en las actas de la Comisión y en las respectivas minutas o
presentaciones hechas llegar por las y los expositores, documentos puestos a
disposición de la ciudadanía en la misma web


Como resultado de estas audiencias, la Comisión recibió aportes de representantes de diversos órganos del Estado, organizaciones internacionales,
ONGs, organizaciones sociales, gremios, miembros de la academia y particulares.
Una síntesis elaborada por la Agrupación de Universidades Regionales, sistematizando los argumentos y diversas consideraciones expuestas a lo largo de cada una de estas audiencias puede ser consultadas en el mismo anexo del documento

El informe completo lo podrás descargar en nuestro canal de Telegram

En lo que respecta al Sistema Nacional de Justicia, el articulado establece Principios Generales del Sistema Nacional de Justicia tales como la independencia jurisdiccional, imparcialidad y exclusividad, manteniendo la inamovilidad hasta que los jueces y juezas dejen sus cargos cuando cumplan la edad para jubilación forzosa, es decir, 70 años.

Por primera vez en la historia de nuestro país se garantiza el derecho de acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos, se ordena que las sentencias sean redactadas en lenguaje claro e inclusivo y que el Estado promueva mecanismos colaborativos de resolución de conflictos.

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