En Latinoamérica estan pasando cosas , el pasado martes 15 a las 20:30 un contingete no menor de la Policia del Ecuador además de funcionarios de la Fiscalia General del Estado ingresaron al edificio del Consejo de participacion Ciudadana y Control Social (CPCCS) por orden del juez Walter Macias Fernández.
Todo esto transmitido en vivo por Facebook por una de las dos presidentes de esta institucion, La Consejeta Sofía Almeida quién disputa el mismo cargo con Hernán Ulloa, Entre los agentes se encontraban miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
Este organismo dentro de su misión esta el promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la Participación Ciudadana y Control Social, fomentando la transparencia y la ética.
El CPCCS investiga y previene actos que generen corrupción y que afecten a la participación o al interés público, y designa a las autoridades de control que le corresponden de acuerdo con la Constitución y la Ley, para el bienestar de la sociedad civil promoviendo la prevención y lucha contra la corrupción»
El Conflicto
Agencia Ene informa que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS está con dos presidentes y dos vicepresidentes como epílogo de una lucha intestina por captar el poder de esa función de transparencia y de imponer sus propios candidatos a ocupar los cargos de control estatal.
«Esta lucha interna concluyó con la remoción de la presidenta, Sofia Almeida y del vicepresidente David Rosero y la designación de Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira como sus reemplazos. Almeida y Rosero no han acatado la decisión de los cuatro vocales y según dijeron seguirán en esos cargos».
A todo este conflicto la organización latinoamericana Grupo de Puebla donde participa Marco Enríquez-Ominami ex candidato Presidencial en nuestro pais, Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Ernesto Samper, Celso Amorim, Iván Cepeda entre otros, expuso sus argumentos atravez de un comunicado.
«El Grupo de Puebla rechaza el uso de la Policía y la instrumentalización de la justicia para realizar una remoción ilegal e inconstitucional de la Presidenta y el Vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador (CPCCS) y sustituirlos arbitrariamente por consejeros afines al partido político del Presidente Guillermo Lasso».
Indican que se estaria frente a un golpe Blanco o «lawfare»
«El CPCCS tiene la vital responsabilidad de designar -mediante concursos- a autoridades relevantes para la continuación del lawfare como el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral o el Defensor del Pueblo».
«Advertimos al mundo que este paso constituye en un quebrantamiento constitucional, la violación de la independencia de funciones y la entrada en vigencia de un régimen de facto en el Ecuador», concluyen
