El académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral (UACh) ve un panorama muy oscuro sobre la provisión de agua en la región. No obstante, piensa que con la Nueva Constitución se puede consagrar este recurso como bien público, además de la protección de los caudales ecológicos.
Desde hace unos meses todas las comunas de la Región de Los Ríos están bajo el decreto de escasez hídrica. Por eso, quisimos consultar el tema con la Dirección General de Aguas (DGA), entidad que determina dicha medida. Dado que no tuvimos respuesta, acudimos a Antonio Lara, doctor en geografía por la Universidad de Colorado en Estados Unidos y académico de la Universidad Austral, quien es una de las voces autorizadas en la materia.
– ¿Cuál es el diagnóstico de la situación hídrica en Los Ríos actualmente?
– Vivimos una mega sequía prolongada de diez años. Por suerte, en nuestra región no todos esos años han sido secos, pero el 2021 ha sido especialmente árido, donde ha llovido menos de la mitad. Aunque se han producido eventos más pronunciados, como pueden ser los temporales, igualmente el promedio de agua caída viene a la baja.
El cambio climático, con el aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones, produce una escasez aún mayor del agua. En consecuencia, la necesidad de riego es más urgente, lo que implica usar más agua. Esto termina siendo como un rompecabezas: necesitamos más agua y se la tenemos que quitar a otros. Ante esta situación los animales engordarán menos, lo que ocurre mucho de la Araucanía hacia el Norte y será cada vez más agudo en la región, especialmente en la zona del Ranco. Y cuando eso ocurre, las personas se ven obligadas a vender sus animales a menor precio.
– Parece un círculo vicioso, porque sin lluvia los agricultores necesitan más agua, que es cada vez más escasa.
– Es una buena analogía. Entre un 20 y un 25% de la disminución de precipitaciones en Chile se debe a los gases invernadero. Eso se cambia en un plazo muy largo. La solución es adaptarse al cambio climático para ser más eficiente en el uso del agua.
Hay una Ley de ordenamiento territorial, que pronto entrará en vigor, que permitirá ejercer un equilibrio entre los usos. Un ejemplo es lo que ha pasado en la zona de Mashue (comuna de La Unión), donde los socios del comité de Agua Potable Rural (APR) se han preocupado de plantar especies nativas, con lo que aumentarán la provisión de agua que tienen.
– Ante este panorama, ¿ve posibilidad de racionamiento?
– Es altamente probable que se haga un racionamiento, porque me ha tocado ver en ciertos APR que, por más buen trabajo que hacen, se abastecen de cuencas chicas de bajos caudales. De hecho, en algunos ya se han visto obligados a racionar su agua.
Estamos ante una situación bastante delicada, lo que nos da una buena oportunidad para que nos adaptemos al cambio climático, lo que es más urgente en los sectores rurales.
– ¿Cómo debería ser esa adaptación?
– Hacer más eficiente el uso del agua, eso a corto plazo, porque a largo plazo hay que hacer un uso más responsable de la tierra. Investigaciones que hemos realizado han demostrado que las plantaciones forestales consumen más agua que las praderas o los bosques nativos, con lo que los ecosistemas tendrán menos agua para funcionar y también las personas.
De hecho, una solución puede mejorar la infraestructura, pero la salida de fondo sería la gestión y el manejo de las cuencas, lo que requiere una planificación territorial, para que haya equilibrio entre las plantaciones forestales, las praderas y los bosques nativos, lo que nos asegure suficiente agua y producción. Pero si tengo cuencas cubiertas por plantaciones, no tendrán mucha agua.
– En este contexto, ¿qué tan importante es que se consagren constitucionalmente las aguas como bien público?
– Ya hubo un avance en la modificación del Código de Aguas, que se aprobó hace poco, pero esto debe estar acompañado de un cambio constitucional, porque la actual Constitución plantea el dominio privado del agua, aunque señala que el agua es un bien de uso público; hay una contradicción, pero manda la Constitución, por eso el agua se puede comprar, vender o arrendar.
Para mí, se debería consagrar el derecho humano al acceso al agua y a la sanitización, la protección de los caudales ecológicos, que permiten la vida en todos los cuerpos de agua, y también se debe priorizar el uso público del agua. Pero lo más importante es que estas medidas tienen que ser retroactivas, para intervenir los derechos de agua ya concedidos. Porque hay muchos derechos que nunca se han usado y muchos los tienen solamente con fines especulativos, lo que se ha convertido en una tendencia y ha impedido que otras personas accedan al agua.
Nota original vía: www.diarioelranco.cl
