Durante la última semana de Piñera 2 entre un largo listado de prioridades de proyectos ley se podía leer  «ley de inteligencia» aunque esta funciona hace tiempo desde su ingreso a la Moneda que el ex Gobierno fue insistente en ponerla en tabla, hasta la fecha más de 30 veces se le ha dado suma urgencia o discusión inmediata al boletin N° 12234-02, en el Congreso, todas éstas desde su ingreso en noviembre del 2018 sin mayores avances.

Mas allá de las indicaciones realizadas por el congreso en especial de Ossandon o Insulza la normativa vigente permite las escuchas telefónicas, en una de estas indicaciones haciendo referencia a este mismo punto dice: » Sustitúyese en el literal a) del artículo 2°, la expresión “recolección, evaluación y análisis de información” por la frase “búsqueda, obtención, recolección, evaluación, integración, análisis, tratamiento y almacenamiento de datos e información”, entonces la vulneración de lo que es privado y lo que no queda a manos de los intereses del estadl , todo esto suponiendo el bien mayor,  por supuesto, desbaratar redes delictuales que operen dentro o fuera del territorio nacional.

Ahora las escuchas han sido ocupadas de diversas maneras, pero otras han sido profundamente repudiadas, nos sirve de  ejemplo las que se realizaron al periodista de investigación Mauricio Weibel.

Hoy Ciper Chile vuelve a referirse a los documentos obtenidos de Carabineros en el reportaje » «Pinchazos» telefónicos sin control: las escuchas de Carabineros a humoristas, actores, alcaldes, abogados y sacerdotes» donde volvemos a traer a la luz pública el uso desmedido de esta herramienta de control e inteligencia.

El medio citado indica que al amparo de la Ley de Inteligencia, Carabineros interceptó las llamadas de cientos de personas en La Araucanía entre 2007 y 2018. Mientras algunas eran investigadas por supuestos nexos con delitos, otras solo eran consideradas “blanco de interés”. Archivos de inteligencia policial revisados por CIPER indican que, con la excusa de intervenir las conversaciones del actor Daniel Alcaíno, la Dipolcar “pinchó” a una productora de eventos y grabó sus conversaciones con humoristas, como Álvaro Salas, y periodistas, como Carlos Zárate, además de los representantes de otros comediantes y cantantes, como Kramer, Jorge Alis, Denise Rosenthal y Camila Gallardo. También se intervinieron las comunicaciones del alcalde Juan Carlos Reinao, del historiador Fernando Pairican, de abogados que alegaron en causas contra Carabineros y de los ahora constituyentes Francisca Linconao, Adolfo Millabur y Manuela Royo.

Durante tres meses, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, el teléfono de una conocida productora de eventos, Luisa Fernanda Zaldúa, estuvo intervenido por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar). Los agentes de la policía escucharon y pudieron grabar cada una de sus conversaciones, en las que ella dialogó con humoristas, cantantes y managers. La interceptación de su celular fue autorizada por la Corte de Apelaciones de Temuco, aunque bajo una premisa falsa: los oficiales de la Dipolcar indicaron en su solicitud que ese número correspondía al actor Daniel Alcaíno.

En los archivos revisados por CIPER queda en evidencia que durante los últimos diez años la Dipolcar ha intervenido los teléfonos de alcaldes, abogados de derechos humanos, funcionarios públicos y líderes mapuche, como los actuales convencionales constituyentes Francisca Linconao y Adolfo Millabur. La convencional Manuela Royo también ha sido “pinchada” por la inteligencia de Carabineros.

Todo estos nombres fueron «Pinchados» como indica el medio entre 20008 y 2018 al parecer antes de la presentación de la actual ley de inteligencia que todavia no llega a ser discutida en la cámara «Solo en La Araucanía la Dipolcar interceptó los llamados de, al menos, 221 personas entre 2008 y 2018. En esa nómina figuran el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, el historiador mapuche Fernando Pairican, los abogados Karina Riquelme y Nelson Miranda –quienes participaron en causas penales contra Carabineros–, el sacerdote jesuita David Soto Gómez y el ex integrante de esa misma congregación, Luis García Huidobro» indica el medio

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