Aunque el informe es extenso en diversas materias hoy extraemos específicamente el ítem de «uso excesivo de la fuerza» durante los últimos años de Piñera Dos.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

En el período 2020-21 el Informe de amnistía Internacional para nuestro pais indica que:


«Las protestas continuaron, aunque con menor intensidad a causa de la pandemia. La policía siguió haciendo un uso excesivo de la fuerza y se registraron al menos dos casos más de lesiones oculares».

El informe hace referencia al caso del Malabarista muerto en Panguipulli que informamos su resolución en el artículo Corte de Valdivia decreta el sobreseimiento de imputado por muerte de malabarista en Panguipulli,el documento hace una breve reseña del caso «en febrero, un malabarista callejero murió por disparos de un policía en la localidad de Panguipulli. La fiscalía de la región de Los Ríos presentó pruebas de que el disparo mortal se había efectuado mientras la víctima se hallaba inmovilizada en el suelo. Un agente estaba siendo investigado al finalizar el año».


En marzo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció que las investigaciones sobre los más de 3.000 casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019 y 2020 habían sido paralizadas. «La Fiscalía Nacional declaró que casi la mitad de los casos bajo su responsabilidad se habían archivado sin que se hubieran presentado cargos. En mayo, el fiscal nacional ordenó a todos los representantes del ministerio público que revisaran sus casos y consideraran la posibilidad de abrirlos de nuevo si no se habían cumplido los criterios mínimos de investigación.»

Durante el año se realizaron avances en algunas investigaciones, como las relativas a las lesiones sufridas por Gustavo Gatica y Fabiola Campillai  y las emprendidas sobre la muerte de Manuel Rebolledo y Kevin Gómez.


La Fiscalía Regional de Valparaíso investigó al menos seis demandas presentadas contra el presidente Piñera y otros altos cargos y ex altos cargos gubernamentales por crímenes de lesa humanidad en virtud de la legislación chilena. En abril se interpusieron demandas contra altos mandos policiales por no tomar
medidas para poner fin a la práctica constante de causar lesiones a manifestantes.


Al terminar el año, el Congreso estaba debatiendo varios proyectos de ley para simplificar el acceso de las víctimas a la reparación civil y prohibir expresamente la mala conducta policial, como el abuso sexual
durante la reclusión y el uso de armas de letalidad reducida en el control de las protestas.


En junio, el presidente Piñera anunció la creación de una fiscalía especializada en derechos humanos, si bien seguía sin establecerse al concluir el año. La reforma de los Carabineros (la policía chilena) anunciada
en 2020 aún no se había implementado en la misma fecha.


Algunas víctimas de lesiones oculares contaron a Amnistía Internacional que el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) presentaba graves deficiencias.

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