PERÚ: Ante el repudiable caso de secuestro y violación sexual de una niña de tres años ocurrido en la ciudad de Chiclayo, Pedro Castillo, anunció que el Gobierno peruano evalúa medidas drásticas como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, tal como ya se realiza en otros países del mundo.
Hay varios países que contemplan la castración química como medida punitiva y preventiva para agresores sexuales, como en Rusia, en Ucrania, en Pakistán, en Indonesia o en Corea del Sur. Pero en algunos países la pena es aún mayor. Tal es el caso de Nigeria -por ejemplo- que no contempla la castración química, sino que se aplica directamente la castración quirúrgica; tanto para hombres como para mujeres que hayan sido condenados por pederastia. Y si la víctima es menor de 14 años, la pena de muerte seguirá a la castración.
En algunos estados de EE UU también se ha legislado sobre la castración química. El primero en aprobarlo fue el estado de California en el año 1993. Y lo estableció como un requisito indispensable para poder optar a la libertad condicional. Y desde entonces, otros estados como Florida, Georgia, Iowa, Luisiana, Oregon, Texas o Wisconsin, han ido introduciendo esta medida en sus procesos penales.
El Presidente Castillo afirma “Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, afirmó.
“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó.
El jefe de Estado indicó que la viabilidad de esta medida deberá ser incluida en el Código Penal y que se necesitará de la aprobación del Congreso de la República para su legalidad, tal como ya se ha hecho en países como Rusia, Estados Unidos (siete estados), Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, donde ya se aplica.
“Exhortamos al Congreso de la República a respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos”, señaló.
En ese contexto, el presidente Castillo aseguró que están vigilantes del estado de salud de la menor agraviada en Chiclayo y que se ha dispuesto, de ser el caso, por medio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que sea trasladada junto a sus padres a la ciudad de Lima, para los cuidados en su rehabilitación y apoyo psicológico, además de la asesoría jurídica y defensa legal gratuita que están a disposición de la familia.
En tal sentido, y en la misma línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hizo un llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial para que de acuerdo a los hechos y evidencias halladas contra los agresores activen el proceso inmediato, de modo que esta medida especial permita formular una acusación directa y en un plazo no mayor a cinco días puedan ser sentenciados.
