Sólo 37 de 154 Diputados y Diputadas  tiene la propuesta de comisión investigadora de la ENAP a la hora de redacción de esta nota, cabe señalar que de aprobarse, esta revisará las acciones de la Estatal desde el 2018 en adelante.

 

Dentro del escrito presentado a la mesa de la Cámara indican los firmantes que el «18 de mayo de este año en donde ENAP se reúne con Federaciones de Trabajadores Contratistas de otras sedes (FETRACON, FESES), alcanzando acuerdos que niega a trabajadores de Refinería Bío Bío asociados a FENATRASUB. Al día siguiente, esto es el 19 de  mayo, se produce una reunión con la Delegada Presidencial del Biobío y Seremi del Trabajo, en donde la FENATRASUB hace entrega de una propuesta para solución de conflicto por parte de los trabajadores; el 20 de mayo se realiza otra reunión ante la Dirección del Trabajo del Biobío, donde la Seremi del Trabajo de la región presenta propuesta del Gobierno, trabajada junto a Delegación Presidencial, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Energía, la que consistía en el pago de los días en huelga y un bono de $950.000. Al día siguiente, el 21 de mayo, el Gobierno nombra a la ingeniera Civil Químico, Gloria Maldonado, como Presidenta, y el exministro de Energía, Andrés Rebolledo, como Director, completando la mesa directiva de la refinería estatal.

 

Sin embargo, el día 24 de mayo, desde el gobierno se señala que no existe ni existió propuesta de su parte y que negociaciones deben ser con ENAP, ante lo cual los trabajadores subcontratados se reúnen el 25 de mayo con la seremi del Trabajo del Biobío quien les confirma desconocimiento por parte del Gobierno de la propuesta presentada el viernes 20 de mayo. El nuevo directorio se instaló con fecha 27 de mayo sin que hubiera un pronunciamiento al conflicto laboral que se registra al interior de la refinería, solo hay una declaración de la Delegada Presidencial del Biobío a la prensa, donde niega estar involucrada en negociaciones y desconoce el acuerdo ofrecido, así lo consigna entre otros Radio Biobío y Resumen.cl, donde se señala que: “…Pese a los intentos de acercamiento por parte de las y los subcontratados de ENAP con su gerencia, a través de las seremis del Trabajo, no hay respuesta relativa a instaurar una mesa de negociación conjunta. Con directorio recién asumido, desde la estatal mantienen el desinterés por el conflicto laboral, que se suma a la voltereta por parte de la delegada presidencial del Biobío, quien luego se compromete una oferta informarla a través de dicha seremi, se desdijo mediante la prensa, causando elmalestar de las y los trabajadores movilizados…”

 

Lo que no imaginaron los ejecutivos de Enap y los representantes del Gobierno, era que existía un audio de la reunión entre la Seremi del Trabajo del Biobío y los representantes de los trabajadores subcontratados, donde se les hizo el ofrecimiento, este se hizo público el mismo 27 de mayo, en el que claramente se registra dicho ofrecimiento tal como se señala en SABES.cl : “…Yo les voy a dar a conocer ahora una propuesta que se trabajó en Santiago, con el Ministerio de Energía y el Ministerio del Trabajo (…) La propuesta es la siguiente, para que ustedes la anoten, un bono de seguridad de $950 mil líquido; que se respeten estos 19 días de huelga, que tengan que ser cancelados; y que se respeten los convenios colectivos vigentes». «La Delegada Presidencial estaba en Santiago, se le transmitió y ella conversó con el Subsecretario de Energía y el Subsecretario del Trabajo. De ahí nace, yo creo que lo que falta aquí es la comunicación de ustedes como contratistas con la empresa mandante en este caso…»

 

 

Ante esta  evidencia la Delegada Presidencial del Biobío, doña Daniela Dresdner, niega rotundamente cualquier tipo de negociación, aludiendo  que ni ella ni nadie del Gobierno realizó propuesta alguna, sosteniendo a Radio Biobío que: “…Yo no me puedo hacer cargo de los dichos de otras personas. Tampoco de la manera en que esos dichos fueron recogidos, de las grabaciones que se hicieron a conversaciones que yo entiendo eran privadas, pero sí puedo decir que el Gobierno ha estado dispuesto a ayudar a que avance el diálogo…”

 

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El día jueves 03 de junio del presente año, en Hualpen, lugar donde se emplaza la refinería Enap Biobío, sesiona históricamente en la Escuela Blanca Estela la comisión de Energía y Minería del Senado a objeto de ver el  conflicto de los trabajadores subcontratados de Enap, mientras se realizaba la sesión en la cual dirigentes sindicales de los distintos gremios que existen al interior de Enap exponían la situación que les afecta a FENATASUB, y recibían su apoyo las empresas subcontratadas, específicamente NEXXO, comenzaba a notificar despidos a los trabajadores en paro.

 

 

 

¿Que solicita la Comisión de investigación?

 

 El establecimiento de una Comisión Investigadora, de acuerdo a las normas reglamentarias que la estatuyen, con la finalidad de determinar todas las eventuales irregularidades en la administración, programación, adjudicación de licitaciones, aclarando especialmente quienes conforman las sociedades que se adjudican dichas licitaciones o contratos directos, negociaciones colectivas, convenios marcos, vulneración de derechos, posibles prácticas antisindicales, especialmente todo lo referido al conflicto con los trabajadores subcontratados y todo acto administrativo desde el año 2016 a la actualidad, y su efecto en su estado financiero actual. Además, la Comisión Investigadora indagará respecto de si la ENAP en todas sus filiales y casa matriz ha dado cumplimiento a todas las medidas señaladas y dispuestas en los dictámenes finales de Contraloría General de la República emitidos desde el año 2016 en adelante. También la Comisión Investigadora indagará todas las irregularidades denunciadas en la CEI 11 del año 2018 y que no fueran investigadas y quedaron contempladas en el Anexo de la CEI11 “Anexo: otras materias denunciadas fuera del ámbito de la comisión especial investigadora.”

 

Solicitan además, que la Comisión Especial Investigadora recabe toda la información necesaria para el cumplimiento de su objeto, recibiendo para tales efectos a todas las personas e instituciones que puedan ilustrar la investigación; y, luego, remita sus conclusiones, una vez aprobadas, a los órganos administrativos y jurisdiccionales que correspondan proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir las presuntas irregularidades que se descubran y las que ha determinado la Contraloría General de la República en el informe final citado.

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